El Gobierno ha aprobado una actualización del Real Decreto de Vivienda que obliga a los propietarios a detallar todos los gastos y condiciones del contrato antes de su firma. La medida busca garantizar mayor transparencia en los arrendamientos y proteger a los inquilinos frente a cláusulas abusivas.

Además, se establecerán límites más claros para las fianzas y los gastos de gestión, que solo podrán cobrarse al propietario, no al inquilino. La normativa entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, y afectará tanto a contratos nuevos como a renovaciones.